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Como mantras irrefutables hemos debido escuchar en los últimos tiempos que los gobiernos son el problema y el mercado la solución, que las empresas se autorregulan y la intervención pública resulta ineficiente, o que una ilimitada libertad de mercado nos garantizaría el progreso social y el fin de la pobreza.
Hoy sin embargo hasta los más enconados defensores de aquellas letanías callan esperando a que escampe o esgrimen sin tapujos que se trata de un paréntesis necesario, pasado el cual volveremos al statu quo anterior. Pero a estas alturas, cuando la recesión alcanza carácter global contamos ya con dos certezas: que la grave situación económica y financiera encuentra su razón de ser en el comportamiento irresponsable –cuando no delictivo- de algunas empresas, y que la única solución posible es la intervención de los organismos públicos.
No debe sorprendernos si este escueto diagnóstico sobre las causas y recetas de la crisis guarda un paralelismo evidente con la situación de la Responsabilidad Social de las Empresas. Así, se nos decía que una RSE voluntaria sería suficiente para impulsar un comportamiento ético, o que las Administraciones Públicas no debían regularla ni intervenir más allá de su formulación. Sin embargo hemos comprobado –al igual que con la crisis- que la falta de intervención ha servido de bien poco y que la inacción pública perjudica más que beneficia. En consecuencia el tratamiento también es uno solo: un impulso efectivo de la Responsabilidad Social liderado por las Administraciones Públicas.
En una ocasión preguntaron a Winston Churchill qué opinaba de los franceses y contestó que no tenía opinión puesto que no los conocía a todos. De las empresas podemos decir lo mismo, no conocemos a todas pero podemos asegurar que las hay buenas y malas. Y aquí entran en juego los poderes públicos, estableciendo un sistema de certificación oficial que nos permita discernir a unas de otras para optar por las más responsables, estableciendo toda una batería de acciones de sensibilización y fomento, mediante bonificaciones y desgravaciones a empresas responsables. Y por supuesto predicando con el ejemplo, pues no sería creíble un requerimiento público a las empresas, por ejemplo en materia de calidad en el empleo o inserción laboral, cuando los propios entes públicos poseen elevadas tasas de temporalidad o incumplen la obligación de contratar al dos por ciento de personas discapacitadas.
Un verdadero punto de inflexión debiera ser la contratación pública -que supera en nuestro país el 16% del PIB-, pues una apuesta seria de las Administraciones por incorporar criterios sociales y ambientales en las licitaciones públicas produciría un enorme impacto e incluso una nueva cultura empresarial; imaginemos que las empresas compiten entre sí en responsabilidad social para obtener contratos públicos y que exigen idéntico comportamiento a sus proveedores, el círculo virtuoso se completaría cuando unos consumidores informados elijan en sus compras a aquellas empresas destacadas por su gestión social y ambiental.
Que las víctimas de esta crisis sean las políticas sociales y medioambientales sería por completo injusto, otro paralelismo puesto que tampoco sería lógico paralizar ahora las políticas de RSE. Por lo tanto mientras algunos se proponen refundar el capitalismo, muchas personas apostamos por reformular el actual Estado del Bienestar, conjugando el equilibrio entre aspectos económicos, sociales, medioambientales y culturales a través de un enfoque participativo en el que tomen parte todos los actores (y actrices) del respectivo territorio.
No es una utopía (el no lugar) sino en todo caso una eutopía (el buen lugar) y sirva como ejemplo la Red Retos de Territorios Socialmente Responsables, auspiciada por la Subdirección General de Economía Social y RSE, que agrupa a 24 organismos entre Ayuntamientos, Diputaciones, Autonomías y entidades sin ánimo de lucro, y que se surte de las buenas prácticas y lecciones aprendidas en los Proyectos Equal en materia de inserción sociolaboral, igualdad entre mujeres y hombres, contratación pública sostenible, responsabilidad social empresarial y desarrollo local. Este es el camino y no la mano del mercado, que además de invisible debía ser ciega, lo que explica el trompazo que se ha dado.
